De nuevo la Reforma Laboral en Venezuela. Desde la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana el tema ha estado latente. También se han producido regulaciones sobre las relaciones de trabajo en determinados aspectos. Incluso un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo entro en vigencia en el 2006, modificando una importante cantidad de conceptos y reglas. Miremos un cuadro sintético de diversas reformas adoptadas.
Algunas reformas y regulaciones han sido exitosas; vistos los resultados y opiniones de los actores laborales, como puede ser la reforma procesal del trabajo, las medidas sobre trabajadores discapacitados, trabajo doméstico, protección de la maternidad y la familia, y también sobre los bonos de alimentación.
Otras regulaciones han sido polémicas por su contenido y la manera de aplicarlas, y han dado lugar a tensas relaciones entre los actores laborales, como es el caso de algunas reformas vinculadas con el área de prevención y medio ambiente de trabajo.
También han sido complicadas en su administración y opacidad, las medidas que el ministerio del ramo ha puesto en vigencia, como exigencias a las empresas privadas, tal es el caso de la solvencia laboral y otros engorrosos registros obligatorios. En general este despacho, es indiferente de las anomalías e incumplimiento que ocurren en el sector público gestionado por la corriente gobernante.
Otras regulaciones han estado sesgadas hacia el sector privado y han obviado a tan importante empleador como es el Estado, tal es el caso de lo relativo a la inamovilidad laboral.
En el área de la libertad sindical y las negociaciones colectivas, las regulaciones han sido problemáticas. Por ello son notorias las dificultades que experimenta el movimiento sindical para su desenvolvimiento, incluso ya no se explica el asunto, porque se trata de que sea un movimiento de orientación oposicionista u oficialista, las dificultades en su accionar en el caso de las empresas y entes estatales abarcan y afectan la acción sindical en general, cualquiera sea el signo y orientación política ideológica de la dirigencia.
Esta situación ha llevado al extremo de la criminalización de la acción sindical, de casos cuando de lo que se trata es de reclamar al patrono el cumplimiento de sus obligaciones. El asunto se agudiza por la muy frecuente desobediencia de patronos públicos a las decisiones de los entes administrativos del trabajo.
El cuadro anterior lleva a la necesidad de plantearse un balance entre los avances en las regulaciones laborales, así como los retrocesos y las situaciones de estancamiento que se observan. Este balance no es sólo de textos y discursos.
Cierto que somos una sociedad aparentemente muy legalista y reglamentista, que privilegia los textos legales, antes y por encima de las instituciones y su funcionamiento. Destacamos lo de aparentemente, porque apenas puesto el ejecútese a una nueva ley o reglamento, se reduce el interés de los promotores y de la opinión pública en general, en la instrumentación y aplicación debida. Esto acentúa situaciones de discrecionalidad, así como problemas de interpretación en la aplicación de lo aprobado.
Sobre lo relativo a la valoración de las instituciones, y la transparencia en el funcionamiento de los contenidos en las regulaciones laborales hay una gran tarea por delante. Se trata de una acción permanente de monitoreo y vigilancia, que interesa a toda la sociedad, ya que refiere al tema trabajo y producción de bienes y servicios. El ministerio de ramo es opaco en la divulgación, y limitado – más bien nulo- en los análisis requeridos.
Pero al plantearse una reforma laboral pretendidamente amplia, como lo expresan diversos voceros oficialistas, en el mero centro de una campaña electoral se corre el riesgo de que los temas sean abordados atendiendo a las propias lógicas electorales, más que por las necesidades y carencias objetivamente observadas y comprobadas, en lo relativo a la naturaleza de la relación entre trabajadores y empleadores con motivo de la prestación de servicios y de la producción.
Es destacable que voceros miembros de la comisión presidencial declaran al país que aspectos específicos van a ser reformados, más allá del mandato constitucional. Pero la sociedad no conoce de un texto, de un proyecto sobre el cual analizar. En estos tiempos de la sociedad de la información, la sociedad debe contar con el acceso a ese texto completo. Es una condición para una verdadera consulta.
Los juicios valorativos que formulan algunos voceros de la comisión presidencial, especialmente los ligados a funciones político partidistas y/o en ejercicio burocrático de una parcela sindical favorecida gubernamentalmente, llevan una visible carga electoral. Evidentemente que ello forma parte de la extrema polarización existente.
La construcción legislativa descansa en el dialogo. No tener al Parlamento ocupándose del asunto, cuando es la institución prevista para legislar es de por sí una limitante en el dialogo mismo. El llamado parlamentarismo de calle, es bienvenido; incluso aún más cuando se nutre de todas las corrientes y sectores vinculados con el tema en discusión, pero no sustituye a aquel previsto en la carta magna.
PROFESOR; HECTOR LUCENA.
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
PROFESOR; HECTOR LUCENA.
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